Sangrientos combates por el control de las “economías ilícitas” llegan al área metropolitana de Cúcuta

Numerosos grupos armados liberan desde hace varios meses una férrea lucha por el control de las llamadas “economías ilícitas” del fronterizo Departamento Norte de Santander, con el agravante de que los enfrentamientos e incursiones criminales llegaron para quedarse en el área metropolitana de Cúcuta, en las zonas rurales próximas y en la propia línea fronteriza que separa a esa nación del territorio venezolano. 

Entre las organizaciones identificadas por los órganos de seguridad colombianos, que tienen amplia presencia en la región, se encuentran, de un lado, dos de las llamadas “disidencias” de las Farc (La Segunda Marquetalia y el Frente 43), y la guerrilla del ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL); y de otro, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Urabeños y Los Rastrojos. 

El A.M. de Cúcuta, así como barrios, veredales, corregimientos y áreas rurales de la capital, son frecuente escenario de incursiones de irregulares y de choques entre éstos y la fuerza pública

De igual modo operan bandas criminales locales como La Frontera y Los Cebolleros, que generan violencia en el área metropolitana de Cúcuta y en algunas trochas o pasos fronterizos irregulares y dos carteles internacionales del narcotráfico vinculados a organizaciones mexicanas, como lo son el cartel de Sinaloa y el de Jalisco, cuya presencia ha sido confirmada por los organismos de inteligencia colombianos. 

“La situación en general del departamento sigue siendo muy difícil. Al principio de la pandemia, como hasta abril o mayo, todos los índices de violencia habían bajado de manera importante. Pero a partir de mayo empezamos a notar que no solamente estaban subiendo, sino que se estaban disparando”. 

En una entrevista concedida recientemente a El Espectador, el abogado y defensor de los Derechos Humanos Wilfredo Cañizales, quien además dirige la ONG Fundación Progresar, explicó que el conflicto en Norte de Santander es diverso, ya que tiene las características del conflicto armado interno, que es la guerra entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública; pero a su vez están en desarrollo conflictos como los que tienen el ELN con Los Rastrojos y Los Gaitanistas y el que mantiene enfrentados desde hace ya algún tiempo al EPL con el ELN. 

Las trochas y otros pasos fronterizos irregulares también son objeto de disputas entre bandas criminales. que ejecutan sangrientos crímenes para lograr sus objetivos

El director de Fundaprogresar explicó cómo una vez más Norte de Santander se ha convertido en un escenario de guerra que él y otros defensores de los DDHH han denunciado reiteradamente, con el propósito de generar una reacción acorde al conflicto por parte de las autoridades. 

Asegura que hay una guerra desatada entre bandas, sobre todo aquellas que controlan rutas del narcotráfico y las que controlan la distribución de drogas en el área metropolitana de Cúcuta. 

La población civil es la más afectada por la constante incursión del gran número de grupos irregulares y bandas criminales que operan en varios municipios de Norte de Santander

Sobre las zonas geográficas en las que se han producido las incursiones de estos grupos y que a su vez ha ocasionado víctimas y desplazamientos forzados de centenares de familias, Cañizales se refirió, primeramente, a la incursión paramilitar del 14 de diciembre de 2020 en zona rural de Cúcuta, que viene expandiéndose hasta Puerto Santander y Tibú, tratando de copar casi medio Catatumbo, objetivo que, a su juicio, persigue apoderarse de ese corredor estratégico que comienza en Puerto Santander y termina en Tibú. 

La región del Catatumbo se encuentra ubicada en el departamento de Norte de Santander, en el noroccidente del país y se extiende hasta Maracaibo en la República de Venezuela. La región está demarcada por zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del río Catatumbo y está conformada por los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama. Limita por el norte y por el occidente con la República de Venezuela, por el oriente con el sur del departamento de Cesar, por el sur con los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Villa del Rosario. 

“Al cierre de 2020 hubo más de 300 acciones violentas. Hubo seis masacres que dejaron treinta personas muertas. Diez líderes sociales fueron asesinados y alrededor de 3.000 familias fueron desplazadas de manera forzada. A eso se le suman más de sesenta líderes sociales que fueron amenazados y más de veinte personas secuestradas. Realmente las cifras han sido un desastre”. 

Norte de Santander tuvo el mayor incremento de cultivos de coca de 2018 y 2019, alcanzando las 35.000 hectáreas, para posicionarse como el tercer productor del país por Departamentos, después de Bolívar y Cauca. Sólo en Tibú (región del Catatumbo) la cifra supera las 3.000 hectáreas de sembradíos.  

Dramática situación 

Wilfredo Cañizales asegura que en el área rural de Cúcuta la situación es “dramática”. Hay diez veredas en alto riesgo. Hay confinamientos, desplazamientos y amenazas. Hace más de diez días asesinaron a un líder social de la vereda La Punta. Hay una situación completamente grave sin que haya una respuesta de las autoridades, incluida la Alcaldía de Cúcuta. Las veredas en riesgo son Vigilancia, El 25, La Punta, Banco de Arena, Palmarito, 5 de Mayo, Guaramito, Puerto Villamizar, La Aceituna y El Amparo. 

Estudios elaborados por Funaprogresar, revelan que la zona sur del municipio de Tibú, cercana de Cúcuta, hace parte de toda esa misma región de las veredas sobre las que se han generado llamados de alerta por el riesgo en el que se encuentran por la presencia de grupos paramilitares como Los Gaitanistas, la guerrilla del ELN y la presencia también de la fuerza pública. 

El Gobierno de Colombia ha desplegado un importante contingente de tropas en N. de Santander, sin embargo, esto no ha impedido el aumento de los cultivos de coca y el resurgir de los grupos armados que hicieron de la región fronteriza un campo de batalla

“Nosotros tenemos dos zonas críticas que tienen sus propias características y dinámicas del conflicto armado, pero que apuntan a la misma generación de violencia y a la violación de derechos humanos: una es el Catatumbo y la otra es el área metropolitana de Cúcuta. Estas dos zonas son las mayores generadoras de violencia en el departamento”.

Todo apunta a que se trata de un corredor estratégico, dada la proximidad de la frontera con Venezuela, así como por la existencia de 3.000 hectáreas de cultivos de coca. “Ahí funcionan las más grandes rutas del contrabando y las autoridades no se dan cuenta. Desde aquí se organizan secuestros, extorsiones y amenazas a ganaderos, arroceros y comerciantes. Es una zona compleja que no ha tenido una respuesta adecuada por parte de las autoridades ni de la Alcaldía”, apunta Cañizales.

Desde su posición como director de Fundaprogresar y defensor de los Derechos Humanos, asegura que mantendrán viva su voz y la presión que sea necesaria ante el Gobierno nacional y las autoridades locales y departamentales para que les den una respuesta integral a las comunidades que están en alto riesgo, producto de la presencia de todos estos actores armados ilegales.

Diario de Ciudadanía